El término “influencer”, que proviene del inglés, hace referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, sobre todo a través de las RRSS.
Su criterio sobre determinados productos y/o servicios influye en las decisiones de compra de sus seguidores, por eso las marcas de diferentes sectores le pagan para que las publicite en sus perfiles en las diferentes redes sociales.
No es necesario que el influencer sea una persona famosa en los medios de comunicación tradicionales, pero sí debe tener cierta credibilidad en un nicho de mercado concreto.
Mediante qué contrato trabaja el influencer
Los contratos que firman los influencers con las marcas, son contratos de prestación de servicios.
En estos contratos, el anunciante ficha al influencer para promocionar su marca, por su reconocimiento en un determinado sector, a cambio de una recompensa que recibe él mismo, y que puede ser económica o en especie.
Este tipo de contrato es el más apropiado, puesto que en él se recogen las prestaciones que te hemos mencionado, y se normaliza la relación entre las dos partes con todo tipo de detalles. Es decir, queda reflejado con exactitud cómo tiene que hacerse la publicidad y, de este modo, en el caso de que en un futuro exista algún conflicto por alguna de las partes, se exigirá su cumplimiento judicialmente.
Cláusulas imprescindibles del contrato
Para que no exista ningún contratiempo en el desarrollo de la relación contractual, se tienen que incluir unas cláusulas mínimas, que te explicaremos a continuación, habituales de este tipo de contrato, existiendo la posibilidad de añadirse otras más si se considera necesario.
En primer lugar, hay que definir el objeto del contrato. Esto es fundamental, porque aquí se reflejará el tipo de contenido que tiene que publicar el influencer, en qué canal tiene que efectuar la publicidad, cuándo se van a llevar a cabo estas publicaciones y todos los demás detalles referentes a dicha publicidad.
En segundo lugar, se tiene que reflejar la remuneración que va a obtener el influencer por hacer la colaboración. La remuneración puede ser económica o en especie, pero puede tener muchas especialidades, por lo tanto, es primordial que quede muy bien detallado cómo va a llevarse a cabo esta retribución, especialmente cuando sea en especie.
Otro detalle que se puede incorporar es la cláusula de exclusividad, en la que se determina si el influencer puede hacer publicidad sobre la competencia o no, además del tiempo que estará vigente esta exclusividad.
Asimismo, hay que señalar, la importancia que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial en este campo, determinan quién será el propietario del contenido producido por el influencer y cómo se puede emplear. Lo normal es que el contenido producido para la colaboración pertenezca a su creador, por lo que esta cláusula describe dónde puede utilizar el anunciante el contenido y durante cuánto tiempo.
Normalizacíon de los influencers en España
Con relación a las normas y leyes que deben seguir los influencers, se aplica la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) que fue aprobada el 7 de julio de 2022, mejor conocida como la ley de los influencers. Esta ley tiene el objetivo regular el posible exceso de publicidad y genera nuevas obligaciones con respecto a su actividad económica.
Además, el 1 de enero de 2021 entró en vigor el Código de Conducta de Publicidad de influencers, el cual fue redactado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunidad Comercial (Autocontrol), con la finalidad de contar con un protocolo de buenas prácticas y una publicidad responsable.
En este código, se establecen un conjunto de reglas a seguir, que son de obligado cumplimiento para los miembros adheridos, así como para otras empresas del sector, como anunciantes, agencias de publicidad, representantes, medios de publicidad o para aquellos influencers que voluntariamente se adhieran.
Por lo que, para este último grupo, se trata de normas de “soft law” o “derecho blando”, es decir, reglas que no son estrictamente vinculantes u obligatorios por naturaleza ni carecen por completo de significado legal.
En otras palabras, son códigos o declaraciones que establecen unos estándares de conducta pero que no son obligatorios.
También existen el Código de Comercio, la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, o la Ley 34/1988, de 11 de noviembre. Las cuales son normativas de carácter general aplicable en este ámbito.
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